«No habrá más ‘casos Nevenka’, o al menos se intentarán resolver en diez días desde la interposición de la denuncia». Así resumían desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) las negociaciones entabladas desde hace meses con representantes del Gobierno para cerrar lo que adelanta este sindicato y se llevará el próximo martes al Consejo de Ministros con rango de real decreto: el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de «mayor envergadura del país», porque afecta a 230.000 empleados públicos, así como las empresas externas con las que haya contratos del sector privado.

 

Eva Fernández, secretaria de Igualdad de CSIF, se felicitaba ayer por el acuerdo alcanzado y describía el texto –que se ha querido aprobar en la semana del 8-M, Día Internacional de la Mujer– como «pionero e innovador». «Persigue por primera vez situaciones como el ciberacoso, los flirteos, las insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas o bromas vejatorias» en la oficina, señaló.

 

Y es que la gran novedad del documento es que contiene una amplísima lista de conductas constitutivas de acoso donde aparecen las ya citadas por Fernández y muchas más, tipificadas en seis categorías: desde las verbales, como llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados; hasta las no verbales, como exhibición de fotos sexualmente sugestivas, miradas impúdicas y gestos, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo o con claro contenido sexual. También son constitutivos de expediente y sanción algunos comportamientos más evidentes, como los chantajes para forzar a la víctima a que elija entre ceder a ciertos requerimientos sexuales o perder beneficios laborales; o el acoso intimidatorio y hostil a otra persona.

 

El protocolo que verá la luz la próxima semana incorpora también el acoso por razón de sexo. Considera como tal el demérito de la valía profesional de alguien por el hecho de la maternidad o la paternidad; conductas hostiles hacia quienes ejerciten sus derechos de conciliación de la vida profesional y personal; y también sancionará a los compañeros que descalifiquen de forma pública y reiterada a quien haga uso de esos derechos, o critique a una persona por razón de género, su puesto de trabajo o su implicación. También si se discrimina a alguien por ser mujer u hombre.

 

Cabe destacar que junto a los 230.000 empleados que trabajan en la Administración General del Estado, las nuevas normas también atañen a las empresas externas del sector privado con las que tenga contratos.

 

Diez días desde que se denuncia

 

Junto a la lista de conductas sancionables, la segunda gran novedad de este código de actuación es que regula un mecanismo por el que a partir de una denuncia los expedientes tienen que tramitarse en, como máximo, diez días y tiene que garantizar la absoluta confidencialidad de denunciado y denunciante. Esta resolución del expediente será compatible con la actuación judicial en curso, ya que en la actualidad se suspenden cuando la denuncia llega a los tribunales. Para «acompañar a la víctima en todo momento» se instaura también la figura del asesor confidencial en cada departamento ministerial u organismo público.

En este nuevo manual de estilo antiacoso se impone al empleado público la obligación de denunciar. es decir, quien conozca o presencie una de estas situaciones humillantes, como por ejemplo que alguien se dirija a otro de forma denigrante o con ciertos comentarios porque pertenece a un sexo determinado no puede ignorarlas.

 

Bromas y chantajes

 

«Es un mecanismo rápido, accesible y confidencial cuyo objetivo es prevenir, detectar y eliminar de raíz este tipo de conductas», afirmó ayer Eva Fernández, al tiempo que subrayó que la firma de este texto «debe servir de referente al conjunto de la sociedad».

El acoso laboral y el acoso por razón de sexo constituyen faltas disciplinarias muy graves en las administraciones públicas que pueden llevar aparejadas la separación del servicio, el despido disciplinario o el traslado forzoso. Ese acoso puede cometerse a través de medios tecnológicos, informáticos o de forma presencial. Por la vía judicial, rige el artículo 184 de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, que implica penas de prisión de entre seis meses y dos años.

 

FUENTE: https://www.abc.es/sociedad/fin-flirteo-chistes-insinuantes-critica-companero-conciliar-20240228145459-nt.html