Dentro del pacto firmado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se incluyen medidas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Esta ha generado muchas críticas y dice lo siguiente:

 

 “Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.

 

Díaz lleva tiempo defendiendo esta propuesta con el objetivo de «aumentar la productividad», frente a la «vergüenza» que supone tener «la misma jornada laboral en los últimos 100 años». Tras dicho acuerdo la vicepresidenta segunda recalcó  «El tiempo de trabajo es vital para la gente, para vivir mejor, para poder ser más felices»

Se pasaría, por tanto, de las ocho horas diarias actuales a las siete horas y media, en una jornada laboral de cinco días a la semana.

El pacto entre ambas formaciones también incluye la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos por nacimiento, una reforma fiscal y el refuerzo del sistema público de salud para reducir listas de espera, entre otras.

El pacto plantea dos propuestas de gran relevancia en el ámbito laboral: la reducción de la jornada máxima. Y Una mayor flexibilidad y autonomía sobre el tiempo de trabajo.

 

La aplicación de esta medida se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en las 37,5 horas en 2025, en el caso que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez,

 

Sin embargo, esta reducción manteniendo los salarios, podría producir efectos adversos en la economía. En primer lugar porque se incrementarían los costes laborales de las empresas, las cuales vienen soportando ya un incremento importante de estos tras las subidas del salario mínimo o la subida de las cotizaciones sociales introducidas por la reforma de los pensiones. En segundo lugar, si los costes laborales aumentan, el empleo podría resentirse al haber actividades que vean aumentados sus costes sin compensación alguna.

 

Por último, esta reducción puede también influir negativamente en la productividad y la competitividad de la empresa.

 

La inspección de trabajo, por su parte, destaca la imposibilidad de control del cumplimiento de esta medida.

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